17 de mayo de 2021
Oficina del gobernador de Colorado
c / o David Oppenheim
A la atención de: Gobernador Jared S. Polis
200 E. Colfax, Rm. 136
Denver, CO 80203
Re: SB 200
Gobernador Polis:
Permita que esta carta exprese nuestro agradecimiento por su decisión de volver a la mesa de negociaciones sobre SB 21-200. Como miembros de la coalición SB 21-200 y miembros de la comunidad de color que favorecen la aprobación de SB 21-200, estamos desesperados por ver que la rendición de cuentas y la aplicabilidad están unidas con las metas de reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero (“GEI”) que se encuentran en HB 19 -1261 y promovido en su Hoja de ruta de cambio climático. Ver a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno trabajando juntos en este tema es alentador y sirve como un ejemplo de cómo se supone que dos poderes co-iguales del gobierno deben trabajar para la gente. Dicho esto, nos gustaría abordar la reciente propuesta que hizo a los patrocinadores del proyecto de ley y que compartió con nuestra coalición.
Primero, la historia de nuestra nación demuestra innegablemente que las leyes promulgadas para proteger a las comunidades de color, que no tienen medidas para la rendición de cuentas y el cumplimiento, en realidad no son leyes en absoluto. SB 21-200, que se centra en la justicia ambiental y la protección de las comunidades impactadas de manera desproporcionada, brinda la responsabilidad y la aplicación que se necesitan urgentemente para garantizar que cumplamos con nuestras metas de reducción de la contaminación de GEI. Volúmenes de datos científicos y académicos destacan los repugnantes impactos de la contaminación en nuestras comunidades. Lamentablemente, su propuesta, aunque dice palabras sobre la justicia ambiental y las comunidades afectadas de manera desproporcionada, no proporciona ninguna responsabilidad ni cumplimiento. Los eventos recientes en Bella Romero y los eventos que afectaron negativamente a las comunidades de color alrededor de Suncor muestran lo que sucede cuando no hay una responsabilidad real y un cumplimiento: nuestras comunidades se ven perjudicadas y nuestros niños y ancianos sufren impactos significativos en la salud.
Además, nuestro fracaso colectivo para reducir las emisiones de contaminación de GEI ha tenido un impacto dramático en las industrias donde trabajan nuestras comunidades, industrias que son la columna vertebral económica real de Colorado. El verano pasado destacó la realidad de que nuestra forma de vida está asediada por los incendios forestales alimentados por la sequía y la matanza de escarabajos en pie hasta las deplorables condiciones de calidad del aire en todo nuestro estado. La sequía y las temporadas erráticas están comprometiendo la capacidad de los agricultores y ganaderos para producir los alimentos de los que dependemos, y los ingresos del turismo al aire libre disminuyeron y disminuirán drásticamente. Cuando la industria del turismo se ve afectada negativamente, también lo son las industrias minorista, de restaurantes y hotelera, particularmente en nuestras áreas rurales del estado. No hay duda de que estas industrias volverán a sentir el horror de estos impactos el próximo verano. El cumplimiento de nuestros objetivos de reducción de la contaminación de GEI tiene como objetivo precisamente salvar a los impulsores económicos de Colorado.
Dicho esto, nuestras comunidades están confundidas por qué su propuesta destaca la justicia ambiental y las comunidades afectadas de manera desproporcionada, pero ignora por completo la responsabilidad y la aplicación. Sin ejecución, no hay equidad. Además, su propuesta que involucra el costo social de los gases de efecto invernadero incluye un lenguaje como “puede”, en lugar de un lenguaje obligatorio como “deberá” o “debe”. Con demasiada frecuencia, hemos visto a nuestras comunidades relegadas a un estado de segunda clase al abordar nuestras preocupaciones de forma voluntaria, en lugar de como una prioridad. Lo alentamos a ver a nuestras comunidades como una prioridad al hacer del costo social de los gases de efecto invernadero un factor obligatorio en cualquier análisis de impacto económico, y que el análisis de impacto económico debe ser un factor obligatorio en cualquier reglamentación y autorización.
A continuación, nuestras comunidades están preocupadas porque su propuesta incluye la División de Control de la Contaminación del Aire (“APCD”) que proporciona “certificación” de varios artículos. Sin duda, usted sabe que los denunciantes han proporcionado evidencia que muestra que la APCD ha abandonado nuestras comunidades al pedir a sus empleados que hagan la vista gorda y dejen de monitorear los impactos acumulativos del aire que habrían resultado en la denegación de permisos. Nuestras comunidades no tienen fe en la APCD, y es realmente preocupante para nosotros ver que la financiación de APEN se “gaste en el trabajo climático de APCD, incluida la divulgación y la participación de las comunidades afectadas de manera desproporcionada (DI) …” APCD es parte del problema, no la solución, particularmente sin un lenguaje legal fuerte que proporcione una dirección clara para sus actividades. La Comisión de Control de la Calidad del Aire (“AQCC”), como organismo normativo responsable ante el público, debe estar en el asiento del conductor. También se necesitan cambios más allá de un mayor seguimiento: se deben tomar medidas para abordar los contaminantes que sabemos que están presentes.
Con respecto a su propuesta sector por sector, nos preocupa que esto no alcance la marca de responsabilidad y cumplimiento. Su Hoja de ruta y HB 19-1261 involucran a la totalidad de los sectores relacionados con la reducción de la contaminación de GEI. Esta propuesta intenta segregar solo ciertas industrias. Por lo tanto, la propuesta es el equivalente funcional de colocar una tirita de una pulgada en un corte de doce pulgadas. Si bien usted, nuevamente, coloca un papel de liderazgo para APCD en su propuesta con respecto a la certificación, reiteraremos que no confiamos en la APCD y que su propuesta no proporciona ninguna especificidad con respecto al proceso de certificación o cuál es la sanción por no recibir la certificación. o qué sucede si una entidad no alcanza sus objetivos.
En contra de su propuesta, proponemos que la aplicación y la rendición de cuentas para todos los sectores de la industria, tal como se identifica en su Hoja de ruta, debe ser el meollo de la justicia ambiental. Estamos de acuerdo con una oficina de justicia ambiental de tipo “ombudsman”, pero debe ser independiente de cualquier agencia estatal (posiblemente ubicada dentro de la Oficina del Gobernador), debe estar debidamente financiada con el personal apropiado y debe tener poder de ejecución y supervisión. Además, los miembros de nuestra comunidad que se sientan en cualquier junta o comisión asesora de justicia ambiental deben recibir una compensación adecuada por su servicio (es decir, a un nivel similar al de los miembros de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado). Como nota, la justicia restaurativa es clave para la justicia ambiental, y buscamos su apoyo para la reinversión en comunidades impactadas desproporcionadamente, como las sanciones cobradas a los contaminadores deben reinvertirse en las comunidades dañadas por dichos contaminadores. Reiteramos que la historia de este país es una en la que se habla de labios para afuera con nuestras comunidades sin ningún mecanismo de rendición de cuentas o cumplimiento.
En segundo lugar, proponemos que el costo social de los gases de efecto invernadero debe ser considerado en cada análisis de impacto económico durante cualquier proceso de elaboración de reglas y permisos, y todos los procedimientos de elaboración de reglas y permisos deben incluir un análisis de impacto económico (más allá de los requisitos actualmente requeridos).
coste-beneficio). En tercer lugar, propondríamos que la aplicación y la rendición de cuentas deben incluir la totalidad de los sectores identificados en su Hoja de ruta. Por último, proponemos que el APCD sea eliminado de cualquier supervisión, autoridad de certificación o influencia.
El gobernador Polis, como usted sabe, a Colorado lamentablemente le falta mucho para alcanzar nuestras metas de reducción de la contaminación de GEI. Como detallan Energy Innovation y RMI en su análisis reciente, las emisiones generales de Colorado caerán desde los niveles de 2005 en solo un 3.4% para 2030 y en un 18% para 2050. La HB 19-1261 exige por ley que Colorado logre una reducción de al menos el 50% para 2030 y el 90% para 2050. Sin aplicación o responsabilidad, simplemente no hay forma de alcanzar estos objetivos. Mientras tanto, el hecho de no tomar medidas climáticas audaces ahora aumenta drásticamente los costos ambientales, económicos y sociales que nuestra sociedad y las generaciones futuras pagarán en última instancia. Cada año de inacción hace que sea mucho más difícil frenar nuestros eventos meteorológicos catastróficos presentes y futuros; a su vez creando una tierra que ya no es habitable para la humanidad. Le pedimos respetuosamente que considere nuestra propuesta y reconsidere su posición.
Agradecemos su tiempo y atención en este asunto. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto conmigo lo antes posible.
Atentamente,
cc: Senadora Faith Winter (faith.winter.senate@state.co.us)
Senador Dominick Moreno (dominick.moreno.senate@state.co.us)
Representante Dominique Jackson (dominique.jackson.house@state.co.us)
Representante Mike Weissman (mike.weissman.house@state.co.us)
Senador Stephen Fenberg (stephen.fenberg.senate@state.co.us)
Presidente de la Cámara Alec Garnett (alec.garnett.house@state.co.us)
Will Toor, Director Ejecutivo, Oficina de Energía de Colorado (will.toor@state.co.us)
Zach Pierce, Oficina del Gobernador (zach.pierce@state.co.gov)
David Oppenheim, Oficina del Gobernador (david.oppenheim@state.co.us)
